Frank Castillo presidente de la junta interina interventora de Estudiantes de Mérida, conversó con LaVinotinto.com para aclarar la situación que afecta al Académico, equipo que ha sido advertido por CONMEBOL para que restituya su antigua directiva, luego de la intervención de la justicia ordinaria en las riendas del equipo andino.
“Estudiantes tiene una crisis estructural y deportiva, durante los últimos tres años ha quedado de último peleando su cupo en la primera división, con riesgo e incertidumbre”, contó Frank Castillo en entrevista a Juan Carlos Rutilo en el programa dominical de Lavinotinto.com por VenFM.
El dirigente aseguró que Estudiantes es una asociación civil sin fines de lucro, con mas de cuarenta años de existencia en el fútbol al cual “hay que resaltarlo, en los últimos años varios equipos han sido financiados por instituciones publicas”, agregó.
Uno de los temas que suscitó la intervención del club fue la situación económica, la cual presenta una deuda desde hace ya cinco años y que aún no ha sido cancelada: “Los jugadores desertan, se van cuando termina el torneo porque no se les paga, tenemos ahora desde hace un mes un dictamen donde se nos obliga a cancelar a más de quince jugadores un monto de una deuda que se arrastra desde 2008”, indicó.
A su vez dejó saber que la intención es sanear la economía del club en un plazo que no se extienda más allá del 30 de julio, “fecha que consideró como pertinente”.
Castillo expresó que no es una expropiación del club, en su argumento señaló que Estudiantes nació como sociedad bajo el auspicio del Estado Mérida, y por lo tanto siendo parte del mismo lo que exigen es una rendición de cuentas y del uso de los fondos: “Fue imposible sentarnos a negociar con la junta saliente, porque su período venció el 31 de mayo, no habían convocado a una asamblea de socios, hay una presunción de que se hizo una reforma y alguien compró el 70% de las participaciones. La gobernación solicitó un estudio sobre la institución financiera del equipo y fue imposible tener acceso a los balances”, sumó.
Lo que la junta interventora exige es que a través de la auditoria se pueda ver como se manejaron los fondos que dio el gobierno en los años 2010-2011-2012, ya que nunca se entregó la rendición de cuentas de esos fondos públicos: “Todo fondo publico debe tener la respectiva rendición de cuentas”, apuntó Castillo.
“Ante esa violación de derechos, no es el estado que está interviniendo, es que el Estado miembro de la asociación, es el interesado legitimo viéndose afectado, porque esta situación pone en crisis al equipo”, agregó.
“Tenemos que salvar el equipo de esa crisis y que no descienda”, explicó castillo.
Por último, ante la misiva enviada por la CONMEBOL pidiendo se solvente la situación jurídica de Estudiantes, afirmó que no ha sido notificado oficialmente y acotó que solicitarán la documentación: “Si la decisión es sobre la base de una denuncia, solicitaremos la documentación y el escrito, porque el afectado no es la persona natural sino la institución”, sentenció.
Por César Peña – Juan Carlos Rutilo
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